LR 2020

Bolívar | Sindicatos Sangrientos de las minas de oro en Venezuela

¡ORO, SANGRE Y CORRUPCIÓN!

Estas palabras definen perfectamente a los sindicatos que operan en el sur del estado Bolívar (Venezuela). En cualquier lugar del mundo, esta palabra se entiende como una asociación de trabajadores con la finalidad de defender y negociar con los empresarios sobre salarios y condiciones laborales, pero nada más alejado de esto es lo que se entiende en el sur del estado Bolívar, esta palabra ha adquirido una nueva connotación, los sindicatos se entienden como grupos armados irregulares que operan bajo la ley del miedo y la coerción, y con el apoyo total de los cuerpos policiales.

Sindicato de la mina Nuevo Perú
Sindicato de la mina Nuevo Perú en el Callao

Origen

Estos grupos se originaron aproximadamente entre los años 2008 y 2011 con el fin de controlar la industria minera abandonada por el gobierno nacional del fallecido presidente Hugo Chávez ,cuando incautó los activos de las compañías extranjeras Gold Reserve y Cristallex, la explotación del depósito de oro más grande de Venezuela terminó en manos de estos grupos de crimen organizado que ahora controlan más de diez millones de onzas y 1,5 miles de millones de libras de cobre– la cantidad estimada que está depositada solamente en el subsuelo de Las Brisas-Las Cristinas.

Inspirados por los pranatos, mafias delictivas carcelarias que se han adueñado de los centros penitenciarios y de ciudades enteras en Venezuela, los sindicatos adoptaron la misma estructura que los anteriores con un líder, (“Pran”) subalternos, (“Luceros”) y guardaespaldas (“Gariteros”); portan armamentos de guerras como AK-47, M-16 y AR-15, por nombrar algunas; y al al igual que en las cárceles el cobro de vacunas (extorsión) mediante la intimidación y la promesa de una supuesta “protección” se convirtió en su principal modus operandi.

Omnipotencia total

En las minas “el sindicato es la ley”, en este lugar no ocurre nada sin que los “pranes” lo autoricen, según el testimonio de José Campos (nombre ficticio), vendedor informal, en una ocasión llegando a “Las Claritas” fue detenido por sujetos a punta de M-16 quienes le sonsacaron “de dónde venía, a dónde iba, y a qué iba”; luego de responderles y que les dejara revisar todas sus herramientas de trabajo, lo dejaron ingresar al pueblo. Aquí todos saben, incluyendo las autoridades civiles y militares, que el sindicato es quien manda e impone la autoridad: “Aquí todo el mundo tiene que contribuir para que nosotros podamos mantener el orden. Como tú has visto, yo no paro” refiere Humberto Martes, segundo al mando del sindicato en “Las Claritas”.

Alias “El Morocho”, pran de varias minas en Tumeremo.

Castigo para los desobedientes

Si a alguien se le ocurre desobedecer las leyes del sindicato, (que pueden ir desde la prohibición de la prostitución hasta el no aumento del precio del oro por parte de los compradores)  lo pagará muy caro.  Las maneras de castigar a alguien por el desacato de las órdenes pueden variar mucho, desde palizas, hasta amputaciones y masacres. El punto de esto es dejar un mensaje bien claro: “Aquí nadie se va a comer la luz”.

Leidy López (nombre ficticio), una mujer de 35 años que trabajó en las minas de El Algarrobo y La Cucharilla en 2018, contó a HRW[1] que el sindicato le cortó las manos con un machete a una mujer que fue acusada de robar un par de pantalones a una compañera; luego le envolvieron los muñones en vendas y le ordenaron decir que había tenido un accidente, advirtiéndola de que sabían dónde encontrar a su familia.

Mineros asesinados en mina “los candados”, Tumeremo

Manuel Revilla, un minero de 49 años que estuvo en Las Claritas en 2017, recuerda el caso de una minera que sustrajo 10 gramos de oro de otro trabajador con el que había mantenido relaciones sexuales. El sindicato la capturó, la ató a un árbol y le cortó la cabeza con una motosierra para después descuartizar el resto del cuerpo, todo ello delante de los demás mineros. “Tengo todo grabado en mi mente”, ha aseverado Revilla, que tras este crimen abandonó la mina “atemorizado”.

Para algunos mineros los sindicatos son un mal necesario porque “protegen” a los trabajadores que hacen vida en estas minas, pero otros han tenido que huir aterrorizados ante crímenes tan atroces como el ocurrido en la “Masacre de Tumeremo” en 2016. El sindicato de Alias “El Topo”, vinculado con el ELN y quien controlaba varias minas en el sur del estado Bolívar, asesinó a 17 personas en la mina Atenas, descuartizó los cadáveres, los subió a un camión y los trasladó a la mina Nuevo Callao donde los enterró en una fosa común. Se cree que este lamentable hecho se perpetró como represalias tomadas por el asesinato de miembros del grupo del Topo en la mina Corregente.

Ante las denuncias de familiares y la comunidad minera, el gobernador del estado en ese entonces, Francisco Rangel Gómez, desconoció los hechos y refirió que se trataba de “propagandas mediáticas de desprestigio de la oposición”, sin embargo el 14 de marzo de ese año, el Ministerio Público confirmó el hallazgo de 17 cadáveres en bolsas negras en una fosa común de cinco metros de profundidad. Fue encontrada en un camino de tierra hacia la mina Nuevo Callao, a una hora y media del lugar en el que los mineros fueron emboscados.

PERO ¿cómo es posible que estos grupos operen impunemente con tal omnipotencia? ¿Por qué los cuerpos de seguridad nacional no hacen nada para acabar con estos grupos delictivos?

En los países desarrollados el estado contrata empresas que se encarguen de la administración y el orden de ciertos sectores de su economía, en Venezuela el gobierno se vale de los sindicatos. Los organismos de seguridad son los principales beneficiarios de la minería ilegal y del orden impuesto por los “sindicatos”. De acuerdo con un reportaje del periodista holandés Bram Ebus de manera clandestina, los militares venezolanos están involucrados en la industria del oro ilegal, apoyan a los sindicatos a cambio de una “tajada” de sus ganancias.

Un ejemplo muy significativo fue el ocurrido en “El caso Curvelo”; El 24 de octubre de 2015, fue detenido el teniente activo del Ejército Bolivariano y funcionario de la Gobernación de Bolívar, Jesús Leonardo Curvelo. Le incautaron 33.034.920 bolívares  (US$5,2 millones) en efectivo, embalados en 31 cajas de cartón, cuando pasaba por el puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana La Romana, en la carretera Troncal 10.

La Fiscalía estableció que Curvelo, junto con el conductor Pedro Rafael Goitía Salazar, hacían parte de una organización criminal. Los fiscales no investigaron quién más participaba.

Curvelo estuvo detenido 106 días, hasta el 3 de febrero de 2016, cuando el juez del caso le concedió arresto domiciliario. Luego huyó del país y solicitó asilo político en Portugal.

Ya en Portugal, fuera del alcance de sus enemigos,  a través de una entrevista que le fue realizada el 17 de enero del 2017 asegura que el día que lo detuvieron recibió una llamada del teniente coronel de la GNB, Eduardo Gámez Flores, sobrino Cilia Flores.

“En octubre, cuando yo me vine, el teniente coronel Gámez Flores estaba en Puerto Ordaz. Todo el mundo sabe que es sobrino de Cilia Flores y es respetado en todas las alcabalas. El día de mi detención él me hizo una llamada telefónica… Me dijo que ya estaban resolviendo el problema, mi problema. En verdad, yo creo que era un problema que se podía resolver fácilmente: un teniente, un carro del gobierno… Lo que pasó es que nunca se pusieron de acuerdo”.

Sin ambigüedades, Curvelo testifica que sabía que transportaba dinero de origen ilegal: “Sí, por supuesto. En 14 años trabajando con el general Julio César Fuentes Manzulli, yo nunca pregunté más allá de lo que tenía que preguntar…Por eso me sentía muy tranquilo, porque mi jefe tenía conocimiento de esto”.  Admite que  también suministró armas de fuegos a los sindicatos: “No podría decir un número exacto. Hagan un registro de las armas que decomisan en los pueblos del sur y compárenlas con las que supuestamente han inutilizado. Vamos a darnos cuenta de que son las mismas, que es un reciclaje”, agregó.

En el expediente del caso Curvelo no aparece mencionado, ni siquiera referencialmente, el teniente coronel Gámez Flores o el general Manzulli. Después de la huida del teniente del Ejército a Portugal, el asunto quedó en el olvido.[3]

Por otro lado, el 28 de junio de 2012 fue detenido Juan Gabriel Rivas Núñez, mejor conocido como Juancho, junto con sus más cercanos colaboradores por una comisión del Comando Unificado Antisecuestros del estado Bolívar. Les incautaron dos pistolas Pietro Beretta .92, una pistola Glock 18 con selector de tiro, una escopeta de recarga por bombeo de cinco tiros, tres escopetas 12 milímetros y tres escopetines, un camión y dos camionetas último modelo. Todos portaban credenciales de la Policía del estado Bolívar. Fueron puestos a la orden de la Fiscalía. “Al día siguiente les dan libertad y una semana después le entregan todo lo incautado…”, se acota en el reporte hecho por José Gregorio Lezama López, el comisario que dirigió el procedimiento.[4]

Alias “Juancho”

Por tal complicidad, estos sindicatos sangrientos se han adueñado completamente de las riquezas minerales del estado, bajo el apoyo total de los organismos de seguridad, quienes son cómplices intelectuales de todos los delitos que aquí se realizan, robo, contrabando, extorsión, secuestro, homicidio, masacres, entre otros. Son solo algunos de los delitos que han cometido estos grupos irregulares bajo la indiferente mirada del estado que no ha hecho nada al respecto para detenerlos. Mientras el régimen se mantenga en el poder estos sucesos seguirán ocurriendo sin la menor preocupación de la justicia nacional.


[1] Human Rights Watch. Defensores de los derechos humanos.

[2] Martín, Sabrina. 2019. “Masacre en las minas de Oro de Vnezuela”, Panam, en ‹https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/11/25/masacre-minas-oro-venezuela/?›. Consultado el 10 de abril del 2020.

[3] López, Edgar. Sf. “Una mafia disfrazada de sindicato del yacimiento de oro más grande de Venezuela”, AMO, en ‹https://www.arcominerodelorinoco.com/capitulo-01/›. Consultado el 11 de abril del 2020.

[4] López, Édgar. 2017. “Oro y caos: una mafia está al mando del Arco Minero del Orinoco en Venezuela”, Insight crime EN ‹https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/oro-caos-mafia-mando-arco-minero-orinoco-venezuela/›. Consultado el 11 de abril del 2020 2020.

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